El tiempo apremia. El Congreso dispone de cuatro semanas para prorrogar una ley fundamental en materia de ciberseguridad.

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El Plan de Acción sobre IA del presidente Trump hace hincapié en la importancia de reforzar la ciberseguridad de las infraestructuras críticas. Una de las recomendaciones consiste en crear un Centro de Intercambio y Análisis de Información sobre Inteligencia Artificial (AI-ISAC) para compartir en tiempo real información sobre amenazas a la seguridad relacionadas con la inteligencia artificial entre las infraestructuras críticas de EE. UU., con el fin de mitigar los riesgos y notificar los incidentes. Sin embargo, una ley fundamental que permite el intercambio de información sobre amenazas en tiempo real está a punto de expirar en menos de dos meses.

La Ley de Intercambio de Información sobre Ciberseguridad de 2015 (CISA15) expirará el 30 de septiembre. Dado que quedan menos de cuatro semanas en el calendario legislativo antes de que expire la ley, el Congreso debe actuar con urgencia.

A lo largo de la última década, la CISA15 ha reforzado las defensas cibernéticas de Estados Unidos al incentivar y facilitar el intercambio de información sobre amenazas cibernéticas. Cualquier caducidad de la CISA15 generaría una incertidumbre significativa, debilitaría la postura de ciberseguridad de EE. UU. y socavaría una década de avances en el fomento de la confianza entre los profesionales de la seguridad nacional, las fuerzas del orden, los propietarios y operadores de infraestructuras críticas y otros actores del sector.

Ninguna entidad por sí sola dispone de una visión completa del panorama de amenazas a la ciberseguridad. Para mantenerse a la vanguardia, la colaboración entre entidades públicas y privadas, así como entre entidades privadas entre sí, resulta crucial para la detección, la respuesta y la corrección de nuevos ataques. Estas medidas de protección mejoran la tasa de intercambio de información sobre amenazas cibernéticas, lo que refuerza la ciberseguridad de EE. UU. en todo el Gobierno federal, las empresas, las infraestructuras críticas y los gobiernos estatales, locales y tribales.

Las medidas de protección de la CISA15 constituyen un pilar fundamental tanto para la Colaboración Conjunta en materia de Ciberdefensa (JCDC) como para el programa de Intercambio Automatizado de Indicadores (AIS), al tiempo que impulsan los Centros de Intercambio y Análisis de Información (ISAC) para proporcionar inteligencia sobre amenazas en tiempo real a las entidades. Gracias a que la CISA15 ha sentado las bases, estas iniciativas de colaboración han prosperado, aumentando tanto la capacidad como la rapidez de respuesta ante las amenazas a la ciberseguridad. La renovación de la CISA15 contribuirá a mantener estas iniciativas de colaboración entre el sector público y el privado.

Desde la promulgación de la ley, el panorama de las amenazas a la ciberseguridad y la tecnología han cambiado drásticamente. Si bien esto podría justificar ciertas adiciones o modificaciones a la ley, es probable que no haya tiempo suficiente para alcanzar un consenso a tiempo y evitar así una caducidad. Los esfuerzos por actualizar la CISA15 deberían prever tiempo suficiente para una sólida participación de las partes interesadas, y el sector tecnológico está dispuesto a colaborar. Sin embargo, no queremos que la búsqueda de la perfección obstaculice la renovación de una ley eficaz y, sin quererlo, permita que los actores malintencionados se saquen ventaja al dejar que caduquen las protecciones fundamentales.

Una falta de competencias afectaría a la rapidez y la capacidad de compartir información sobre amenazas a la ciberseguridad y de responder a ellas. Las empresas se enfrentarían a una incertidumbre jurídica a la hora de decidir si compartir información sobre amenazas. Además, es probable que disminuyeran las capacidades de intercambio de información, lo que indicaría a los adversarios que Estados Unidos presenta una postura cibernética debilitada.

Aunque el Congreso dispone de varias vías para la renovación de la autorización, la más rápida y eficaz sería aprobar una renovación «pura», sin condiciones, para evitar una interrupción en estas competencias fundamentales. Los senadores Gary Peters (demócrata por Míchigan) y Mike Rounds (republicano por Dakota del Sur) han presentado un proyecto de ley bipartidista con ese objetivo. El proyecto S. 1337, la Ley de Prórroga del Intercambio de Información sobre Ciberseguridad, prorrogaría la vigencia de la CISA¹⁵ durante diez años.

Si bien existen vías para que la Administración incluya una prórroga de la CISA15 en el paquete de medidas para hacer frente a las anomalías, el examen por parte del Congreso de una resolución de continuación (CR) es el único instrumento legislativo conocido que garantiza que las protecciones frente a la responsabilidad civil no caduquen. El Congreso debería aprovechar la próxima CR e incorporar el proyecto de ley S.1337 a dicha resolución. De este modo, se evitaría un error evitable en el entorno actual de amenazas cibernéticas, en constante evolución y cada vez más complejo.

Dado que las amenazas a la ciberseguridad no dejan de aumentar, es el momento de actuar. Para evitar un mayor riesgo para la ciberseguridad del Gobierno federal, el sector privado y los gobiernos estatales, locales y tribales, así como para los ciudadanos de todo el país, instamos al Congreso a que actúe con celeridad para aprobar una reautorización sin enmiendas de la CISA 15, con el fin de evitar que caduquen estas competencias fundamentales.

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