Se avecinan cambios: lo que espera el sector tecnológico de la revolucionaria reforma de la FAR

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Una serie dedicada a analizar las implicaciones de la iniciativa de reforma del Reglamento Federal de Adquisiciones de EE. UU.

El esfuerzo monumental del Gobierno de los Estados Unidos por reformar el Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) —el manual que rige la forma en que el Gobierno adquiere bienes y servicios— está llegando a su fin. En breve, el Consejo Regulador Federal de Adquisiciones (FAR) publicará los resultados de su labor, que se ha prolongado durante meses, destinada a reducir la normativa vigente y a eliminar o simplificar muchos de los requisitos contractuales anteriores con el fin de promover la eficiencia y limitar las cargas administrativas. Esta actualización estructural tiene por objeto ofrecer un compendio normativo que refleje fielmente el funcionamiento del ciclo de vida de las adquisiciones, «desde el inicio hasta el final».

Estos cambios de gran alcance tendrán un impacto duradero en la forma en que el sector de la tecnología comercial colabora con el Gobierno federal. A medida que avance la reforma revolucionaria del FAR, el equipo de expertos de ITI analizará los aspectos clave de esta iniciativa y lo que supone para la contratación pública y para el sector tecnológico en general.

Para dar inicio a nuestra serie de análisis, a continuación les presentamos algunas de las reformas más «revolucionarias» que esperamos:

  • Procedimientos más sencillos para un mayor número de adquisiciones comerciales. La Parte 12 del FAR: Adquisición de productos y servicios comerciales se ha ampliado y, a partir de ahora, funcionará como una guía independiente para la compra de soluciones comerciales al sector privado. La mayor parte de la Parte 13 del FAR se ha fusionado ahora con la Parte 12 del FAR, lo que amplía el ámbito de las adquisiciones comerciales (por ejemplo, contratos de hasta 7,5 millones de dólares) que pueden llevarse a cabo mediante procedimientos simplificados. Se anima a los compradores públicos a utilizar enfoques de compra innovadores para agilizar aún más el proceso de adquisición comercial, lo que incluye la eliminación de criterios de evaluación onerosos y la adopción de un modelo de «comparación» en el que las propuestas se evalúan directamente unas frente a otras. Si bien es de esperar que estos cambios simplifiquen el proceso de licitación y presentación de propuestas y lo hagan menos costoso, aún está por ver cómo preservará el Gobierno la tan necesaria transparencia y competencia.
  • Mayor flexibilidad y autoridad para la Administración de Servicios Gubernamentales (GSA). La Parte 8 del FAR: Fuentes obligatorias de suministros y servicios actualiza la forma en que el Gobierno utiliza los grandes contratos marco multiaadjudicación a nivel gubernamental para aprovechar su poder de compra y agilizar el proceso de adquisición. Cabe destacar que los procedimientos de compra del Programa Federal de Suministros (FSS) se han trasladado de la Parte 8 del FAR al suplemento normativo de adquisiciones de la GSA (GSAR). Esto otorga a la GSA la máxima flexibilidad y control sobre la forma en que el resto de la Administración interactúa con los contratos a nivel de toda la Administración gestionados por la GSA.
  • Nuevos contratos de ámbito gubernamental obligatorios. La Parte 8 del FAR establece asimismo un nuevo nivel de contratos de ámbito gubernamental —conocidos como contratos de «uso obligatorio»— cuyo uso en todo el ámbito gubernamental es obligatorio. Esto refuerza la política de la Orden Ejecutiva 14271, Garantía de soluciones comerciales y rentables en los contratos federales, al exigir a los organismos que adquieran productos y servicios comerciales en la mayor medida posible, utilizando un contrato designado por la Oficina de Política de Contratación Pública Federal (OFPP) como contrato de «uso obligatorio», cuando esté disponible. Esta preferencia explícita por la adquisición de soluciones comerciales constituye un paso importante para animar a los compradores públicos a aprovechar la innovación del sector privado. No obstante, persisten las dudas sobre cómo la OFPP y la GSA garantizarán que los contratos de «uso obligatorio» sigan fomentando la competencia y las oportunidades para ofertas nuevas e innovadoras en el mercado federal.
  • Consolidación del poder de compra del Gobierno en materia de tecnología. Aunque no forma parte directamente de la Revolucionaria Reforma del FAR, el papel de la GSA en el panorama de las adquisiciones federales sigue ampliándose, incluido su apoyo a la estrategia OneGov. OneGov está diseñada para consolidar y aprovechar la demanda de todo el Gobierno con el fin de aumentar el acceso a descuentos por volumen para soluciones clave, empezando por el software. La GSA comenzó por el software porque es ahí donde el Gobierno «puede generar rápidamente el mayor ahorro directamente desde la fuente». Sin embargo, el Gobierno no se limitará al software, y no está claro cómo aplicará la GSA su metodología OneGov a otras categorías de TI, como el hardware.
  • Cambios en las relaciones entre contratistas y subcontratistas. Como parte de OneGov, la GSA también ha manifestado su intención de transferir los contratos principales de los distribuidores de tecnología (muchos de los cuales son pequeñas empresas) a los grandes fabricantes de equipos originales (OEM). Los distribuidores de valor añadido (VAR) desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de la contratación pública federal. Si bien la GSA parece estar animando al sector a invertir la relación entre los OEM y los VAR (es decir, exigiendo a los OEM que mantengan contratos principales con los VAR como subcontratistas), no está claro cómo funcionará en la práctica este importante cambio. También queda por ver si estos cambios aumentarán la eficiencia y se traducirán en el ahorro de costes que persigue el Gobierno.
  • Más responsabilidades —pero también más recursos— para la fuerza laboral de contratación pública. No se puede subestimar el papel que desempeña la fuerza laboral federal de contratación pública en la ejecución de las reformas en materia de contratación. Paralelamente a la revisión normativa, el Consejo del FAR ha dedicado una cantidad considerable de tiempo y recursos a crear recursos no normativos destinados a formar y apoyar a los profesionales de la contratación pública. Los álbumes FAR Companion y Practitioner Albums ofrecen orientación sobre la aplicación y consejos prácticos para los responsables de contratación pública y demás personal a la hora de utilizar el FAR revisado. Estos recursos complementarios y exhaustivos están diseñados para fomentar la innovación en materia de contratación pública. No obstante, no está claro si estos recursos serán suficientes para formar y apoyar a una fuerza laboral de adquisiciones cada vez más reducida, sobre todo teniendo en cuenta que, desde hace años, se exige a los profesionales de las adquisiciones que hagan cada vez más con menos.

A pesar de estas dudas y retos pendientes, el ITI y el conjunto del sector de la contratación pública se muestran optimistas respecto a las perspectivas de una reforma real a través de la «Revolucionaria Reforma del FAR». El éxito de esta iniciativa depende de la voluntad del Gobierno de colaborar con el sector; invertir en su fuerza laboral encargada de las adquisiciones; y aprender, adaptarse y mejorar continuamente a lo largo del proceso. Esperamos con interés continuar nuestra colaboración con la Administración Trump en esta iniciativa transformadora.

Autor

Megan Petersen

Senior Vice President of Policy, Public Sector and Counsel

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