La notificación de incidentes cibernéticos exige un enfoque global e interoperable

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El 15 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley de gastos generales por valor de 1,5 billones de dólares, que incluía disposiciones innovadoras que establecen nuevas obligaciones de notificación de incidentes cibernéticos para los propietarios y operadores de infraestructuras críticas, como las de los sectores de las comunicaciones, las tecnologías de la información, la energía y los servicios financieros. En un momento en el que otros países también se plantean si deben reforzar la ciberseguridad mediante la implantación de obligaciones similares de notificación de incidentes, y de qué manera hacerlo, Estados Unidos ofrece un enfoque ejemplar. Los nuevos requisitos estadounidenses incorporan muchas de las recomendaciones que el ITI incluyó en nuestros Principios para la notificación de incidentes cibernéticos en Estados Unidos y en nuestros Principios globales sobre políticas de notificación de incidentes cibernéticos.

Un aspecto fundamental para el éxito de estos sistemas de notificación de incidentes es un enfoque armonizado que garantice la eficiencia y la coherencia de los equipos de respuesta ante incidentes en estos momentos de crisis. La legislación estadounidense establece un nuevo consejo encargado de coordinar y resolver los conflictos entre los requisitos federales de notificación de incidentes. Por lo tanto, mientras el Gobierno de los Estados Unidos trabaja para racionalizar los requisitos de notificación de incidentes a nivel nacional, resulta de vital importancia que dichas obligaciones sean coherentes a nivel transfronterizo en la medida de lo posible. Esto contribuirá a mejorar la ciberseguridad a escala mundial al garantizar que los enfoques sean interoperables, lo que aumentará la eficiencia de los equipos de respuesta a incidentes, tanto en el sector privado como en el público, que disponen de tiempo y recursos limitados para hacer frente a actores maliciosos que, con frecuencia, actúan de forma sofisticada. Teniendo esto en cuenta, animamos a los responsables políticos de todo el mundo a que consideren enfoques similares a los adoptados por Estados Unidos, en particular en lo que respecta a:

  • Establecimiento de un plazo adecuado para la notificación de incidentes. Los nuevos requisitos de notificación de incidentes cibernéticos de EE. UU. establecen un plazo de 72 horas «a partir del momento en que la entidad afectada tenga motivos razonables para creer que se ha producido un incidente de ciberseguridad sujeto a la normativa». Un plazo razonable que equilibre los intereses del Gobierno y las realidades de las actividades de respuesta ante incidentes resulta esencial por varias razones. En primer lugar, permite a la entidad afectada determinar qué ha ocurrido. A menudo, las empresas no pueden determinar de inmediato la causa o la naturaleza de una vulneración significativa: ¿se trata de un ciberataque, de una interrupción de la red o existe algún otro problema? Un plazo de notificación de 72 horas permite a las entidades afectadas investigar el problema y comenzar a diseñar una respuesta adecuada. En segundo lugar, permite a la entidad afectada mantener las mejores prácticas de ciberseguridad mientras investiga el incidente, lo que puede llevar muchos meses. Es más probable que la entidad afectada esté bien informada tras 72 horas, lo que minimiza la posibilidad de notificar un incidente que deje a sus clientes en una posición más vulnerable al revelar información sobre el mismo antes de que se aplique un parche o se restablezcan las operaciones. En tercer lugar, garantiza que los recursos se asignen de forma adecuada y que el incidente se contextualice correctamente. Un plazo de notificación más breve dificulta que la entidad afectada sitúe en su contexto los detalles técnicos y las posibles repercusiones del incidente, lo que podría dar lugar a un exceso de notificaciones e inundar a las autoridades competentes con informes que no aportan información significativa. Por último, se ajusta a las mejores prácticas internacionales. Los enfoques interoperables son fundamentales, y este plazo se ajusta al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, a la Ley alemana de seguridad informática, así como a los enfoques adoptados a nivel estatal en EE. UU.
  • Permitir la presentación de informes complementarios tras la notificación inicial. Las investigaciones de un incidente cibernético pueden prolongarse durante muchos meses, si no más, y con el tiempo se va descubriendo información adicional. Los requisitos recientemente promulgados en EE. UU. permiten la presentación de informes complementarios o actualizaciones si se dispone de información nueva o diferente, lo que permite a la entidad afectada añadir detalles a un informe en una fecha posterior. La ITI anima a otros gobiernos a que permitan la presentación de informes actualizados similares tras una notificación inicial.
  • Garantizar protecciones sólidas frente a la responsabilidad civil y protecciones suficientes para la información facilitada. Los requisitos de EE. UU. ofrecen protecciones sólidas frente a la responsabilidad civil a las entidades, lo que incluye la prohibición de interponer demandas contra las entidades afectadas únicamente por el hecho de haber presentado un informe, así como la prohibición de utilizar un informe de incidente como prueba en contra de una entidad afectada. Asimismo, prohíben el uso de un informe en medidas reguladoras dirigidas contra la entidad y preservan los privilegios. La inclusión de protecciones en materia de responsabilidad civil garantiza que las entidades no sufran repercusiones por alertar a las autoridades cuando se vean afectadas por un incidente.
  • Limitar la responsabilidad de notificación a la entidad afectada. Si bien las versiones anteriores de la legislación sobre notificación de incidentes dejaban margen para que los proveedores de servicios externos estuvieran obligados a notificar los «incidentes cibernéticos cubiertos», la versión definitiva de los requisitos limita las obligaciones de notificación a las «entidades cubiertas». Limitar la responsabilidad de notificación es fundamental para permitir que los proveedores o terceros cumplan con sus obligaciones contractuales y protejan la información confidencial de la empresa; además, dado que muchos proveedores de servicios operan a escala mundial, contribuirá a evitar conflictos de leyes internacionales. Limitar la responsabilidad garantiza asimismo que las autoridades competentes no reciban información duplicada tanto de la entidad afectada como del proveedor de servicios externo.
  • Proporcionar un marco para la colaboración continuada con los propietarios y operadores de infraestructuras críticas. Los nuevos requisitos ordenan a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de EE. UU. (CISA) que inicie un proceso normativo para desarrollar con mayor detalle las definiciones de términos clave de la legislación, entre ellos «entidad afectada», «incidente afectado» y qué información debe incluirse en un informe de incidentes. Este tipo de colaboración garantiza que las normas definitivas que se aprueben reflejen la experiencia y la perspectiva de los propietarios y operadores de infraestructuras críticas. Asimismo, permite que se establezca un diálogo sólido entre el organismo regulador y aquellas entidades que, potencialmente, quedarán sujetas a la normativa.

Animamos a los gobiernos de todo el mundo a que adapten sus enfoques a los adoptados en estos ámbitos clave. De este modo, se garantizará, en última instancia, que la notificación de incidentes cibernéticos se traduzca en mejoras significativas y coherentes en materia de ciberseguridad.

Autores

Courtney Lang

Senior Vice President of Policy, Trust, Data, and Technology

Mike Flynn

Senior Vice President and Counsel, Government Affairs and Economic Security Policy

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