Debe eliminarse la ampliación de la definición de «proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas» en la FISA

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No existe mayor responsabilidad para el Gobierno de los Estados Unidos que velar por la seguridad del país y, tal y como reafirmó la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles (PCLOB) en 2023, la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA 702) es «de gran valor» para la seguridad nacional. Si bien el proyecto de ley H.R. 7888, la Ley de Reforma de los Servicios de Inteligencia y de Protección de Estados Unidos, reautorizaría la FISA 702, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos incluye, lamentablemente, una enmienda que modifica la definición de «proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas», ampliando drásticamente el alcance de las entidades y personas a las que se aplica la FISA 702.

Aunque los efectos de esta enmienda puedan ser involuntarios, sus repercusiones serían muy reales. La redacción de la enmienda amplía enormemente las capacidades de vigilancia sin orden judicial del Gobierno de los Estados Unidos, lo que perjudica la competitividad de las empresas tecnológicas estadounidenses, tanto grandes como pequeñas, y podría poner en peligro la continuidad del libre flujo global de datos entre los Estados Unidos y sus aliados. En nombre del sector tecnológico, instamos a los miembros del Senado de los Estados Unidos a que eliminen esta amplia ampliación antes de renovar la autorización de la sección 702 de la FISA.

¿Qué cambios introduce la enmienda?

Según la legislación vigente, el artículo 702 de la FISA solo se aplica a entidades como los proveedores de servicios de telecomunicaciones o de Internet que prestan servicios de comunicaciones tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de texto. La enmienda recientemente aprobada amplía la definición de «proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas (ECS)» para incluir a «cualquier proveedor de servicios» que tenga «acceso a equipos que se utilicen o puedan utilizarse para transmitir o almacenar comunicaciones por cable o electrónicas», así como a los «custodios» de dichas entidades. Aunque la enmienda se ha presentado como una solución «limitada» y técnica para actualizar la sección 702 a fin de adaptarla al panorama cambiante del ecosistema de las telecomunicaciones, en una era en la que casi todo está interconectado, el impacto práctico de la definición revisada es significativo y supone que cualquier empresa, proveedor o cualquiera de sus empleados que tenga contacto con la infraestructura física de Internet podría quedar ahora incluido en el ámbito de aplicación de la FISA y verse obligado a colaborar con la vigilancia prevista en dicha ley.

¿A quiénes afectaría este cambio?

Aunque los cambios en la definición de «proveedor de ECS» puedan parecer insignificantes si se miden por el número de palabras, si se miden en función de sus repercusiones, dichos cambios constituyen, de hecho, una ampliación significativa debido a la naturaleza y complejidad de la infraestructura de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que sustenta los flujos de comunicaciones en los Estados Unidos y a escala mundial, así como a la amplia variedad de proveedores de servicios que operan y prestan servicios dentro de ese ecosistema.

La inclusión del «acceso a los equipos» supone un cambio importante, ya que —desde routers y conmutadores hasta servidores y equipos de redes virtuales, pasando por Internet y las comunicaciones que se transmiten a través de ella— todas las transmisiones y el almacenamiento de las comunicaciones a nivel mundial se basan en equipos físicos reales de TIC, y existen decenas de miles de empresas de este tipo que suministran hardware u otros equipos tecnológicos físicos en Estados Unidos.

Ampliar la definición a «cualquier» proveedor de servicios, al suprimir el término «comunicaciones», tiene implicaciones igualmente amplias si se tiene en cuenta la gran variedad de proveedores de servicios que desempeñan un papel en la transmisión o el almacenamiento de las comunicaciones de las TIC. Por ejemplo, a primera vista, la enmienda parecería abarcar a los centros de datos, los proveedores de almacenamiento en la nube, los proveedores de coubicación, los proveedores de servicios de seguridad gestionados y una variedad de otras empresas que prestan servicios subyacentes o relacionados con la transmisión y el almacenamiento de las comunicaciones TIC, o simplemente a aquellas numerosas empresas y particulares que tienen acceso al equipo necesario para prestar dichos servicios —desde propietarios o arrendadores de edificios e instalaciones hasta el personal de limpieza y mantenimiento, pasando por los diversos tipos de entidades comerciales que ofrecen conexión Wi-Fi a sus clientes—.

Para comprobar el alcance de la enmienda, basta con examinar las exenciones añadidas recientemente, que especifican los casos de uso de equipos que quedan excluidos de la definición ampliada; la implicación clara es que una amplia variedad de situaciones que no están expresamente exentas quedan incluidas en su ámbito de aplicación. Las exenciones específicas para los establecimientos de uso público, las viviendas, las instalaciones comunitarias y los establecimientos de restauración indican que es probable que el objetivo de la enmienda no sea la tecnología en sí misma, ni quienes la manejan en todos los casos, sino determinados casos de uso de dichas tecnologías y quienes tienen acceso a ellas. La tensión entre el texto normativo y las exenciones puede dificultar la aplicación de las nuevas facultades en la práctica, por lo que instamos a los legisladores a que colaboren con las partes interesadas del sector para aclarar el ámbito de aplicación previsto, con el fin de garantizar que se subsane de manera efectiva la laguna en las facultades señalada por el tribunal de la FISA.

¿Cuáles son las repercusiones de este cambio?

Si esta enmienda llegara a convertirse en ley, cualquier proveedor de equipos de servicios de comunicaciones electrónicas u otras personas con acceso a dichos equipos —incluidos sus empleados o los empleados de sus proveedores de servicios— estaría sujeto a la obligación de revelar información o prestar asistencia en virtud de la FISA. Se trata de un cambio drástico en el alcance actual de los sectores de las telecomunicaciones y la tecnología a los que se aplican los requisitos vigentes de la FISA. Aunque los defensores de este cambio han argumentado que su alcance pretende ser limitado, deben tener en cuenta el conjunto completo de entidades y personas que interactúan con la infraestructura que hace posible las telecomunicaciones y las comunicaciones por Internet.

Más allá de las repercusiones inmediatas que supone incluir una gran cantidad de entidades adicionales en el ámbito de aplicación de la sección 702 de la FISA, también deberíamos tener en cuenta las repercusiones más amplias sobre la competitividad de las empresas tecnológicas estadounidenses y, potencialmente, sobre los flujos de datos de confianza con los aliados de EE. UU. En primer lugar, si las grandes empresas estadounidenses que prestan servicios fundamentales para la transmisión o el almacenamiento de datos —como centros de datos, servicios en la nube o servicios de seguridad gestionados— se ven repentinamente obligadas a colaborar con la vigilancia en virtud de la FISA, es probable que algunos de sus clientes recurran a competidores extranjeros que, en su opinión, no expondrán de igual modo sus datos ni los de sus clientes a las solicitudes del Gobierno. En segundo lugar, el año pasado, como parte del cumplimiento de sus compromisos en virtud del nuevo Marco de Protección de Datos UE-EE. UU., el presidente Biden promulgó la Orden Ejecutiva 14086, Mejora de las garantías para las actividades de inteligencia de señales de Estados Unidos, y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) actualizó las políticas y procedimientos de la Comunidad de Inteligencia para reforzar las garantías de privacidad y libertades civiles en relación con las actividades de vigilancia estadounidenses, lo que permite que se mantenga el libre flujo de datos a través del Atlántico. Sería un paso atrás aprobar una enmienda que ahora, menos de un año después, ampliaría considerablemente el alcance de una autoridad clave en materia de vigilancia exterior.

Por estos motivos, instamos a los miembros a que eliminen esta amplia ampliación que se está debatiendo actualmente antes de renovar la autorización de la sección 702 de la FISA. Agradecemos sinceramente la ardua labor de la Comisión Permanente de Inteligencia y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por impulsar esta importante legislación, y estamos deseosos de seguir colaborando con el Congreso de los Estados Unidos para elaborar una legislación que aborde las cuestiones de seguridad nacional de forma específica.

Autor

John Miller

Executive Vice President of Policy and General Counsel

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