Cómo pueden los responsables políticos de la UE aprovechar la importante oportunidad que brinda la Ley de Economía Circular
La Comisión Europea tiene previsto aprobar la Ley de Economía Circular (CEA) en los próximos meses. El objetivo de esta ley es acelerar la transición hacia una economía más circular y guiar a la UE hacia un futuro más seguro desde el punto de vista económico, más resiliente, más competitivo y descarbonizado, en parte mediante el establecimiento de un mercado único de materias primas secundarias, la mejora de la calidad y el suministro de materiales reciclados y la creación de demanda interna de estos recursos.
El ITI considera que la CEA ofrece una oportunidad importante para armonizar las ambiciones medioambientales con la política industrial y tecnológica, con el fin de respaldar la labor que las empresas de TIC llevan realizando desde hace tiempo para integrar prácticas circulares en sus estrategias empresariales, productos y oferta de servicios. Sin embargo, el éxito de la CEA dependerá de su capacidad para promover la armonización con el marco normativo más amplio. En la actualidad, la fragmentación, la duplicación y la incertidumbre siguen socavando la expansión de los modelos circulares, lo que pone en peligro los objetivos de la medida propuesta. Es fundamental que la medida definitiva marque un rumbo claro y ambicioso para la transición de Europa hacia una economía verdaderamente circular, creando un marco único y predecible que elimine solapamientos innecesarios entre las leyes clave e incluya medidas facilitadoras y salvaguardias horizontales que se apliquen de manera coherente en toda la política de la UE, a fin de garantizar que se alcancen los objetivos circulares sin socavar la competitividad ni la innovación.
Mientras nos preparamos para la publicación del CEA, animamos a los responsables políticos a que establezcan ese marco y garanticen la coherencia y la previsibilidad incorporando los siguientes elementos:
- Evitar la superposición de requisitos entre las distintas normativas. La CEA debe dar prioridad a la coherencia y la claridad jurídica entre los distintos instrumentos para eliminar las cargas transversales que socavan los resultados de la economía circular. En la práctica, esto significa que la Comisión debe concebir la CEA como un marco horizontal que tenga plenamente en cuenta el acervo comunitario vigente y aborde los solapamientos y las incoherencias en los requisitos de instrumentos como la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), el Reglamento sobre diseño ecológico de productos sostenibles (ESPR), la Ley de materias primas críticas (CRMA), el Reglamento sobre traslados de residuos y las medidas relacionadas. Cuando la CEA introduzca nuevas disposiciones, estas no deben duplicar ni entrar en conflicto con las ya existentes; cuando se revise la legislación vigente en el marco de la CEA, como en el caso de los RAEE, dicha revisión debe configurarse de manera que garantice una aplicación uniforme en todo el mercado único. Convertir la Directiva RAEE en un reglamento reduciría la incertidumbre jurídica para los productores y favorecería una implantación más rápida de las mejores prácticas en todos los Estados miembros.
- Abordar las barreras horizontales que afectan a la economía circular de los aparatos eléctricos y electrónicos mediante la armonización y la simplificación. La fragmentación de la Directiva RAEE se ha visto agravada por marcos contradictorios de responsabilidad ampliada del productor (RAP): las estructuras de tasas divergentes, los requisitos de información, las categorías de productos y los criterios de modulación de las tasas han dado lugar a un mosaico de normas que suponen una carga para los productores sin aportar resultados uniformes en materia de economía circular. Esta aplicación inconsistente eleva los costes de cumplimiento, genera un trato desigual entre los Estados miembros y socava la eficacia prevista de la RPP como herramienta para impulsar la reutilización, el reciclado y la recuperación de materiales. El ITI recomienda que la CEA se base en el objetivo de la Comisión de reformar los sistemas de RPP racionalizando la presentación de informes mediante la limitación de las declaraciones a una frecuencia anual, el uso de protocolos de peso basados en medias por categoría y la armonización de las plantillas en todos los Estados miembros.
- Aprovechar el valor de los productos al final de su vida útil. La dependencia estratégica de Europa respecto a las materias primas críticas hace que sea urgente mejorar la recuperación y la reutilización. La CEA debería reflejar esa prioridad centrándose en los flujos de residuos de gran impacto y estableciendo requisitos mínimos de tratamiento para determinadas categorías de productos ricos en materias primas críticas, en las que las concentraciones de materiales y los flujos de retorno justifiquen la inversión y la innovación, en lugar de imponer obligaciones generales. La CEA debe armonizarse con la CRMA para evitar la fragmentación y la duplicación de las cargas de cumplimiento, y no debería ampliar las obligaciones de los productores ni distorsionar los objetivos de recogida basándose únicamente en el contenido de materias primas críticas; las estrategias de recuperación deben reflejar las realidades del mercado y la disponibilidad práctica de residuos ricos en materias primas críticas.
Es importante destacar que la CEA solo dará resultados si se integra en un marco normativo más amplio y coherente. Con ese fin, la Comisión debe ir más allá de la propia medida y reflejar explícitamente los principios de digitalización y apertura a la competencia basada en el rendimiento —presentes en múltiples ámbitos políticos de la UE— en el enfoque de la CEA de las siguientes maneras:
- Promover una agenda de digitalización más ambiciosa. Las herramientas digitales pueden impulsar la eficiencia, ayudar a los consumidores a tomar mejores decisiones y mejorar los resultados medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto. Para garantizar que la digitalización facilite, en lugar de obstaculizar, estos objetivos, la CEA debería permitir la facilitación digital de la información obligatoria sobre productos y residuos —como el símbolo del contenedor con una cruz y los datos en la bandeja de entrada, en la caja y en el dispositivo— como alternativa aceptable a las etiquetas físicas. Aunque el Pasaporte Digital del Producto pueda convertirse en la solución a largo plazo, permitir la información digital ya desde ahora mediante revisiones de la Directiva RAEE y la normativa relacionada (NLF, Pilas, ESPR) supondría un ahorro inmediato en costes y beneficios medioambientales, y daría tiempo a los fabricantes para prepararse para sistemas de cumplimiento digital más completos.
- Evite la introducción de una etiqueta «Fabricado en Europa». La contratación pública puede constituir una poderosa palanca para impulsar la economía circular de la UE cuando se combina con medidas del lado de la oferta, como normas armonizadas, inversión en infraestructuras y apoyo a la innovación. Para preservar la ambición medioambiental, la contratación pública ecológica debería dar prioridad al rendimiento medioambiental demostrable en lugar del origen geográfico, ya que muchas empresas con sede fuera de la UE ya son líderes en prácticas circulares y pueden contribuir a alcanzar los objetivos de Europa. La introducción de una preferencia por el «Fabricado en Europa» correría el riesgo de excluir recursos valiosos y retrasar el progreso. El acceso debería depender, en cambio, del rendimiento, los resultados medioambientales y el cumplimiento de las normas de circularidad de la UE.
La CEA constituye una oportunidad oportuna para armonizar la ambición medioambiental con las realidades industriales y tecnológicas, pero su éxito depende de la coherencia: normas y definiciones armonizadas, una responsabilidad ampliada del productor (EPR) simplificada, una digitalización de la información pragmática y ambiciosa, enfoques integrados en el mercado para los materiales reciclados y los materiales de recursos circulares (CRM), y una contratación pública basada en el rendimiento. Si la Comisión establece un marco claro, predecible e interoperable, Europa podrá ampliar los modelos circulares y reforzar la resiliencia, al tiempo que mantiene intactas la innovación y la competitividad.
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