El ITI insta a que se adopten normas modernas de contratación pública federal para adaptarse a la innovación tecnológica
WASHINGTON – Esta semana, la asociación mundial del sector tecnológico ITI ha presentado sus observaciones sobre tres propuestas normativas que impulsan la reforma radical del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR), instando a los responsables políticos a garantizar que la contratación pública federal se adapte a un mercado tecnológico en rápida evolución.
Desde la inteligencia artificial y los servicios en la nube hasta la ciberseguridad y las redes avanzadas, las tecnologías emergentes se ofrecen cada vez más a través de modelos comerciales para los que las prácticas tradicionales de contratación pública no estaban diseñadas. Las recomendaciones de ITI se centran en facilitar a los organismos el acceso a las tecnologías comerciales modernas, al tiempo que se refuerza la competencia, se protege la propiedad intelectual, se mejora la seguridad de la cadena de suministro y se aporta un mayor valor a los contribuyentes.
«La capacidad del Gobierno para aprovechar la próxima generación de tecnología depende, en parte, de contar con políticas de contratación pública que puedan seguir el ritmo de la innovación», afirmó Megan Petersen, vicepresidenta sénior de Política del Sector Público y asesora jurídica del ITI. «Esta reforma supone una oportunidad para que las adquisiciones federales sean más ágiles y estén mejor adaptadas al mercado comercial actual, lo que ayudará a los organismos a acceder a tecnologías de vanguardia, al tiempo que se protege la competencia y la propiedad intelectual del sector privado, que impulsa la innovación continua».
Las recomendaciones del ITI incluyen modernizar las normas de adquisición para las tecnologías basadas en suscripciones y en el consumo; mantener las condiciones comerciales y una sólida protección de la propiedad intelectual; garantizar que los mecanismos de contratación sigan estando abiertos a nuevas tecnologías y proveedores; reforzar las cadenas de suministro tecnológicas; y otorgar a los profesionales de la contratación una mayor flexibilidad para evaluar las soluciones en función del valor global, y no únicamente del coste inicial.
Las tres propuestas se refieren a los casos 2026-003, 2026-006 y 2026-011 del FAR y forman parte de la labor más amplia del ITI para impulsar una política tecnológica que favorezca la innovación, la competitividad, la seguridad y la modernización de la administración pública.
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