Argumentos a favor de la prevención en materia de IA
El presidente Trump tiene razón: si Estados Unidos quiere liderar el ámbito de la IA, no puede permitir que existan 50 normas dispares que regulen esta tecnología. Mientras él y su administración siguen defendiendo la necesidad imperiosa de una iniciativa proactiva en materia de IA, el ITI se suma a su llamamiento en favor de una norma nacional clara que aborde las preocupaciones sobre los riesgos de la IA, garantizando así que la industria pueda seguir innovando y que tanto las empresas como los consumidores confíen en las nuevas tecnologías. Las políticas adecuadas allanarán el camino para que todos los estadounidenses se beneficien del crecimiento económico y del empleo, de la eficiencia energética, de la mejora de los resultados sanitarios y de una mejor prestación de los servicios públicos que traerá consigo la IA.
En ITI, representamos a todo el ecosistema de la inteligencia artificial, compuesto por empresas que diseñan, desarrollan y suministran modelos, hardware, software, centros de datos, servicios en la nube, soluciones de redes y aplicaciones. Las inversiones y los productos de nuestros miembros en el ámbito de la inteligencia artificial están generando enormes beneficios económicos en Estados Unidos y en mercados de todo el mundo.
Sin embargo, el fantasma de unos requisitos contradictorios en materia de IA a nivel estatal se está convirtiendo rápidamente en una realidad, lo que pone en peligro la capacidad de las empresas para impulsar esta tecnología transformadora. En 2025, se aprobaron más de 100 proyectos de ley sobre IA en 38 capitales estatales diferentes. Este mosaico de normativas contradictorias sobre IA genera confusión entre los consumidores y supone unos costes de cumplimiento onerosos para las empresas de todos los tamaños.
Mientras la Administración Trump y el Congreso trabajan para aportar la claridad necesaria a nivel federal, a continuación se presentan algunos ejemplos de la enorme extralimitación y divergencia que caracterizan a las normativas estatales en materia de inteligencia artificial:
Definiciones amplias e incoherentes. Las leyes estatales que proponen definiciones problemáticas y contradictorias dificultarán que las empresas cumplan con la normativa de cada estado y que los consumidores comprendan qué sistemas de inteligencia artificial están sujetos a la ley.
- Sistema de inteligencia artificial. El proyecto de ley HB 149 de Texas adoptaría la definición de IA de la OCDE casi al pie de la letra («un sistema basado en máquinas que deduce a partir de datos de entrada para generar resultados… que influyen en entornos físicos o virtuales»). Por el contrario, el proyecto de ley S3008C de Nueva York, promulgado este año, añade requisitos adicionales según los cuales los sistemas de IA deben «abstraer percepciones en modelos» y utilizar la «inferencia automatizada» para formular acciones.
- Umbrales de computación para los modelos frontier y foundation. Tanto la ley SB 53, recientemente promulgada en California, como la Ley RAISE, pendiente de aprobación en Nueva York, establecen umbrales de computación que superan los 10²⁶ operaciones con números enteros, pero difieren en cuanto a criterios adicionales; California aplica un umbral de ingresos anuales de 500 millones de dólares, mientras que Nueva York aplica un umbral de costes de computación de 100 millones de dólares. La computación no es necesariamente indicativa del riesgo, y un umbral de computación predeterminado tampoco es a prueba de futuro, dada la forma en que evoluciona la tecnología. Los diferentes umbrales de ingresos que existen entre los distintos estados aumentan la confusión.
- Chatbots. El proyecto de ley LD 1727 de Maine definiría un «chatbot con IA» en términos generales como cualquier software que simule una conversación humana, mientras que la ley S3008C, ya promulgada en Nueva York, ofrece una definición completamente diferente que abarca capacidades específicas. Las definiciones divergentes de los chatbots con IA entrañan el riesgo de una inclusión excesiva, lo que socava el potencial educativo y las mejoras en la eficiencia que estas herramientas pueden aportar.
Las obligaciones estatales en materia de divulgación suponen una carga operativa y son muy dispares. Los estados han ampliado rápidamente los requisitos de divulgación, lo que, al variar en su alcance, genera cargas operativas. Estos enfoques también varían considerablemente de una jurisdicción a otra. La información que reciben los consumidores sobre el uso de la IA no debería depender de su código postal, y los requisitos de divulgación contradictorios podrían perjudicar la capacidad de ofrecer determinados servicios de IA en todo el país.
• Requisitos excesivamente amplios. El borrador de la normativa sobre ADMT de Nueva Jersey exigiría una gran cantidad de información, incluidas las categorías de datos utilizados en la elaboración de perfiles automatizados, la lógica de decisión empleada, cualquier evaluación relativa a la equidad o el sesgo, e instrucciones claras para que los consumidores puedan optar por no participar en el tratamiento automatizado.
Altamente prescriptivas y con una gran carga operativa. Las normas ADMT de la CCPA de California imponen algunas de las obligaciones de divulgación más rígidas y amplias del país. Las empresas deben cumplir una extensa lista de requisitos de formato y entrega que, en la práctica, exigen un rediseño constante. Estos requisitos crean un marco de cumplimiento muy prescriptivo que resulta difícil de poner en práctica y que supone un obstáculo considerable para la implantación y actualización de sistemas de IA en California.
Responsabilidades fragmentadas a lo largo de la cadena de valor de la IA. Los desarrolladores, los encargados de la implementación y los integradores podrían verse sometidos a obligaciones diferentes en función del estado, lo que podría tener un efecto disuasorio sobre la innovación.
- Las obligaciones de los desarrolladores y los responsables de la implementación difieren notablemente. Algunos estados cuentan ya con leyes en vigor que imponen mayores responsabilidades a los desarrolladores, como la Ley de IA de Colorado y la SB 53 de California. Otros estados han presentado proyectos de ley, como Connecticut (SB 2) o Hawái (SB 59), que se centran principalmente en las obligaciones de los implementadores. El proyecto de ley HB 1533 de Pensilvania impondría una responsabilidad general a los implementadores de IA (incluida la responsabilidad penal en algunos casos) sin distinguir adecuadamente entre desarrolladores, implementadores e integradores, sometiendo a todos los actores a la misma normativa ante una amplia gama de posibles daños.
- Falta de coherencia en los requisitos. Los proyectos de ley de algunos estados exigirían la realización de evaluaciones (por ejemplo, el proyecto de ley HB 94 de Massachusetts), mientras que otros, como la Ley RAISE de Nueva York, hacen hincapié en el etiquetado y la notificación.
- Las obligaciones de los integradores están surgiendo, pero aún no están definidas. Algunas propuestas (por ejemplo, el proyecto de ley HB 149 de Texas) incluyen obligaciones para los integradores, pero las definiciones y las expectativas siguen sin estar claras.
Las definiciones fragmentadas, las clasificaciones de riesgo divergentes, los requisitos de divulgación incoherentes y las responsabilidades descoordinadas a lo largo de la cadena de valor de la IA crean barreras innecesarias para la innovación en este ámbito, sin proporcionar al público la coherencia y la certeza que necesita para aprovechar los beneficios de la adopción de la IA. Instamos al presidente Trump y al Congreso a que den prioridad al liderazgo de Estados Unidos y establezcan un marco nacional claro y preventivo que garantice que las empresas de cualquier tamaño puedan desarrollar y aplicar la IA de forma responsable sin tener que lidiar con cincuenta regímenes normativos diferentes.