Garantizar el futuro del comercio digital: por qué los miembros de la OMC deberían convertir la moratoria en permanente

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Mientras los gobiernos se reúnen esta semana en Camerún con motivo de la 14.ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se celebrará del 26 al 29 de marzo, tienen la oportunidad de consolidar un pilar fundamental y de larga tradición del sistema comercial internacional: convertir en permanente la moratoria de la OMC sobre los derechos de aduana aplicables a las transmisiones electrónicas.

Desde su creación en 1998, la Moratoria ha servido de base para el comercio mundial al garantizar que los datos, el software y los productos suministrados por vía digital puedan circular a través de las fronteras sin estar sujetos a aranceles ni a trámites aduaneros. El tratamiento predecible y sin trabas de las transmisiones electrónicas ha impulsado la innovación, la inversión y la colaboración en todo el mundo, al tiempo que ha ampliado el acceso a las herramientas digitales para los consumidores y las empresas de todos los tamaños. Sin el apoyo de la Moratoria a un entorno digital libre de aranceles, muchos de los avances tecnológicos y las oportunidades económicas que impulsan la economía del siglo XXI habrían sido mucho más difíciles —si no imposibles— de hacer realidad.

Además de facilitar el auge de los servicios prestados por vía digital, la moratoria también ha reforzado la resiliencia de la cadena de suministro en todos los sectores, desde los semiconductores y la electrónica de consumo hasta la fabricación de automóviles. Al mismo tiempo, ha ampliado las oportunidades para las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas (MIPYMES) y ha contribuido a su competitividad. Estas empresas «nacidas globales» suelen poder aprovechar nuevos mercados desde el primer día, todo ello gracias a modelos de negocio basados en Internet, al uso de herramientas y tecnologías digitales, y al acceso a datos, plataformas y clientes internacionales. Un estudio de 2021 sobre las MIPYMES en Indonesia reveló que el uso de bienes y servicios digitales provocó un aumento de los ingresos y beneficios de las MIPYMES de una media superior al 20 % al mes, debido tanto a un incremento de la base de consumidores y de la variedad de productos como a una reducción de los costes asociados al marketing, la entrega y la logística.

El apoyo a la moratoria proviene de una amplia y diversa coalición de sectores y regiones: más de 200 organizaciones de la sociedad civil y del sector procedentes de África, Asia, las Américas, Europa, Oriente Medio y Oceanía se han sumado a una declaración en apoyo de la prórroga de la moratoria con vistas a la 13.ª Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en 2024. Su postura reconoce que establecer barreras al comercio transfronterizo causaría más perjuicios que beneficios: un informe conjunto de 2023 elaborado por el FMI, la OCDE, la UNCTAD y la OMC reveló que la imposición de aranceles a las transmisiones electrónicas «probablemente afectaría negativamente a quienes más pueden beneficiarse de la distribución digital o del uso de herramientas digitales para el comercio, a saber, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y los comerciantes regentados por mujeres». Jurisdicciones como la India, que ha experimentado un crecimiento exponencial de su cuota en las exportaciones digitales mundiales en las últimas décadas y en la que el 60 % de todas las exportaciones de servicios son digitales, se verían especialmente vulnerables si la moratoria llegara a expirar.

Las pruebas son claras: la moratoria es un factor clave que facilita el comercio digital y que beneficia a todas las personas y empresas que compran, venden o interactúan con bienes y servicios transfronterizos. Dados los amplios beneficios económicos de la moratoria, los Miembros de la OMC deberían aprovechar la oportunidad para lograr un avance en materia de innovación y competitividad y convertir en permanente este pilar fundamental del entorno comercial internacional.

Autor

Megan Funkhouser

Vice President, International Economic Policy

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