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El próximo 30 de junio vence el plazo para que las empresas abonen el impuesto sobre los servicios digitales (DST) de Canadá, un impuesto que rompe con las normas, amenaza el crecimiento y el éxito de las empresas estadounidenses y socava las prácticas fiscales globales establecidas desde hace tiempo. Ante la inminencia del primer plazo de pago, Estados Unidos debería adoptar medidas rápidas y decisivas para oponerse a la recaudación de este impuesto por parte de Canadá y garantizar su retirada antes de que se generalicen otras medidas similares.

Los impuestos sobre el volumen de negocios (DST) se apartan de los principios fiscales y comerciales internacionales y contribuyen a la desestabilización y la fragmentación del sistema fiscal internacional, razón por la cual la ITI ha abogado sistemáticamente por su eliminación. Al igual que otros impuestos sobre los servicios digitales (DST), el DST de Canadá es un impuesto no coordinado que grava los ingresos brutos en lugar de los beneficios netos, lo que no tiene en cuenta los costes de explotación de la empresa, perjudicando a todas las empresas, pero especialmente a aquellas con márgenes más reducidos y a las que registran pérdidas. Este impuesto se dirige contra las empresas de éxito a nivel mundial al establecer un umbral de ingresos globales y basarse en un ámbito de aplicación restringido de las actividades digitales que afecta de manera desproporcionada a las actividades digitales de las empresas estadounidenses de éxito, como la publicidad digital, al tiempo que excluye en gran medida de la obligación tributaria a los competidores canadienses.

A la incertidumbre y a las dificultades de cumplimiento se suma la imposición retroactiva de este impuesto por parte del Gobierno canadiense, con efecto a partir del 1 de enero de 2022. A pesar de que el Gobierno canadiense ha establecido que el DST entre en vigor a partir del 28 de junio de 2024, el primer pago abarca el impuesto devengado desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024: tres años completos. La Oficina del Responsable Presupuestario Parlamentario de Canadá ha estimado que las empresas pagarán cerca de 1.800 millones de dólares (2.468 millones de dólares canadienses) en concepto del primer pago del DST.

La Administración Trump ha dejado clara su oposición a los impuestos sobre los servicios digitales (DST) y ha destacado sistemáticamente las preocupaciones compartidas por el sector respecto a los impuestos unilaterales que afectan a las empresas estadounidenses e intentan aislar la economía digital. La Administración criticó abiertamente el impuesto sobre los servicios digitales (DST) de Canadá en un memorándum presidencial de febrero de 2025 que, entre otras medidas, ordenaba al Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) que determinara si se debía iniciar una investigación en virtud del artículo 301 y/o solicitar la constitución de un grupo especial en el marco del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), dada la incompatibilidad del impuesto sobre los servicios digitales con los compromisos de Canadá en virtud de dicho acuerdo histórico. El USTR también ha seguido incluyendo el impuesto sobre los servicios digitales de Canadá y otras medidas problemáticas similares en su informe anual «National Trade Estimate» (NTE), publicado por última vez en marzo de 2025.

En este sentido, las investigaciones en virtud del artículo 301 sobre los impuestos sobre las ventas digitales (DST) adoptados por Francia, Austria, Italia, España, Turquía y el Reino Unido siguen en curso y, en general, han desempeñado un papel crucial a la hora de frenar la proliferación y la expansión de los DST y otras medidas unilaterales problemáticas en los últimos años. Cabe destacar que el Gobierno canadiense decidió seguir adelante con su impuesto sobre los servicios digitales (DST) después de que el Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) ya hubiera determinado, durante la primera Administración Trump, que medidas similares adoptadas por Francia y otros gobiernos discriminaban a las empresas estadounidenses. El hecho de que la Administración Trump no defienda a las empresas estadounidenses en este momento enviaría, en la práctica, una señal a otros gobiernos de que tienen libertad para aplicar sus propias versiones, lo que conduciría a una mayor proliferación de estas medidas perjudiciales.

El sector insta a la Administración Trump a que reafirme su oposición a los impuestos sobre las transacciones digitales (DST) tomando medidas para oponerse a la recaudación de dicho impuesto por parte de Canadá y, en última instancia, lograr su retirada. Es fundamental actuar con celeridad para hacer frente a un impuesto que afecta a las empresas estadounidenses y socava la previsibilidad y la estabilidad del sistema fiscal internacional.

Autor

Megan Funkhouser

Vice President, International Economic Policy

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