Las consecuencias imprevistas de la Ley de Seguridad de los Chips

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La próxima semana, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes examinará la Ley de Seguridad de los Chips (S.1705/H.R.3447), que obligaría a las empresas a realizar un seguimiento de los chips de IA exportados. Si bien existen razones comerciales válidas para que las empresas lleven a cabo la verificación de la ubicación, una obligación gubernamental de seguimiento de los chips daría la impresión de que el Gobierno de EE. UU. está intensificando su control sobre la infraestructura de IA estadounidense, lo que alimentaría las dudas sobre la seguridad, la fiabilidad y la privacidad de la tecnología estadounidense y empujaría a los mismos países que deberían ser los principales clientes de los proveedores estadounidenses a buscar alternativas.

Las empresas miembros de la ITI diseñan, construyen y suministran los modelos, el hardware, el software, los centros de datos, los servicios en la nube, las soluciones de red y las aplicaciones que conforman la pila de IA estadounidense. Esto confiere a la ITI una perspectiva única sobre cómo propuestas como la Ley de Seguridad de los Chips afectan a la competitividad de las empresas a lo largo de toda la cadena de valor tecnológica en el ecosistema tecnológico. Estamos observando cómo aliados y socios expresan cada vez más su preocupación —aunque infundada— por la seguridad, la privacidad y la fiabilidad de la tecnología estadounidense. Por ejemplo, algunos países están tratando de sustituir los sistemas de software estadounidenses por alternativas de código abierto, mientras que otros han avanzado en la prohibición del uso gubernamental de determinados productos de software estadounidenses.

Para empeorar aún más las cosas, la última versión de la Ley de Seguridad de los Chips plantea la posibilidad de exigir «métodos de verificación de la carga de trabajo». El mero hecho de aludir a la obligación de que las empresas informen al Gobierno de EE. UU. sobre las tareas que se ejecutan en chips estadounidenses y a través de proveedores de servicios en la nube agravaría las preocupaciones en materia de privacidad y seguridad de los posibles consumidores —tanto gobiernos como empresas privadas— en los mercados amigos. Esto se produce en un momento en el que los aliados y socios tradicionales ya están comunicando a las empresas tecnológicas que los proveedores estadounidenses no deben presentarse a licitaciones.

Si se aprobara la Ley de Seguridad de los Chips, las empresas chinas comercializarían sus productos como «libres de rastreo», lo que obligaría a los socios y aliados de EE. UU. a elegir entre la pila de IA estadounidense, de mayor rendimiento, y lo que podrían percibir como la opción china, más fiable, segura y protectora de la privacidad. Cabe señalar que las empresas chinas de modelos de IA ya están «cortejando agresivamente a los gobiernos de los países en desarrollo», y que las empresas chinas de telecomunicaciones están teniendo éxito en la venta de sistemas altamente sensibles a socios estadounidenses. El objetivo de China es lograr que su pila de IA sea dominante en todo el mundo, y su pila tecnológica es cada vez más competitiva, especialmente en los mercados en desarrollo ávidos de capacidades de IA.

En lugar de exigir a las empresas estadounidenses que realicen un seguimiento de los chips de IA, los responsables políticos deberían hacer frente a la elusión de los controles de exportación aumentando la financiación y la dotación de personal de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio, que administra y hace cumplir los controles de exportación de Estados Unidos. El Congreso también debería abordar otras amenazas a la competitividad del ecosistema de IA estadounidense, como los esfuerzos a gran escala de los desarrolladores chinos de IA por extraer los modelos de vanguardia estadounidenses, lo que, en la práctica, les permite copiar el trabajo de los laboratorios de IA estadounidenses.

El Congreso ha llevado a cabo una importante labor bipartidista a lo largo de varios años que reconoce la importancia de una pila de IA liderada por EE. UU. para la seguridad económica y nacional del país. En última instancia, la Ley de Seguridad de los Chips dificultará la consecución de este objetivo, al suscitar dudas sobre la fiabilidad de la infraestructura de IA estadounidense y empujar precisamente a aquellos países que deberían ser sus principales clientes hacia proveedores alternativos no estadounidenses. Un aumento de la plantilla, de los recursos y de la supervisión de la BIS abordará de manera más eficaz las preocupaciones que subyacen a la Ley de Seguridad de los Chips, sin la consecuencia no deseada de mermar la confianza en la tecnología estadounidense a escala mundial.

Autor

Mike Flynn

Senior Vice President and Counsel, Government Affairs and Economic Security Policy

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