Sin una política comercial sólida, la «reducción de riesgos» entre EE. UU. y China resulta insuficiente

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A medida que circulan rumores sobre posibles nuevos controles de exportación y restricciones a la inversión en el extranjero por parte de EE. UU. dirigidos contra China, es un buen momento para hacer balance. Desde 2017, el Gobierno de EE. UU. ha puesto en marcha una amplia gama de cambios normativos con el objetivo de diversificar las cadenas de suministro, competir de forma más eficaz con China y salvaguardar la seguridad nacional. Estas políticas —entre las que se incluyen aranceles, controles a la exportación e incentivos a la fabricación de chips— han tenido un impacto significativo en la competencia tecnológica entre EE. UU. y China y, en muchos aspectos, ya han logrado los objetivos declarados por el Gobierno de EE. UU.

Las empresas y los gobiernos han realizado importantes inversiones para diversificar las cadenas de suministro, y cabe esperar que esta tendencia continúe en los próximos años, a medida que se produzcan cambios en las empresas, los proveedores, las fábricas y el personal cualificado. Un reciente informe sobre comercio mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha puesto de manifiesto una marcada disminución de la concentración de las cadenas de suministro en China y de la dependencia de este país entre 2021 y 2023. Este cambio coincide con un aumento paralelo del «friend shoring» y de la dependencia de naciones afines. Sin embargo, los mercados alternativos emergentes no podrán dar cabida plenamente a este deseo de reorientación sin un impulso por parte de la política comercial —algo que ha brillado por su ausencia en el repertorio de la Administración Biden—.

Lamentablemente, los mercados que podrían servir como nuevos destinos para la inversión, las exportaciones y las cadenas de suministro estadounidenses —como la India, Indonesia y Vietnam— son conocidos por presentar algunos de los peores entornos operativos para las empresas. Garantizar un mercado abierto y la igualdad de condiciones en estas economías facilitará la diversificación continua de las cadenas de suministro, al tiempo que ejercerá presión sobre China para que aborde las políticas y prácticas comerciales problemáticas que constituyen el núcleo de la investigación de la Sección 301 del Representante de Comercio de EE. UU. (USTR). Una mayor apertura de estos mercados requerirá, entre otras medidas, la reducción de los aranceles, la flexibilización de los requisitos de acceso al mercado, el refuerzo de la protección de la propiedad intelectual y la garantía de un trato equitativo para las empresas extranjeras; todo ello requiere negociaciones comerciales.

Puede que la Administración Biden haya calificado los acuerdos comerciales de anticuados, pero el panorama mundial (y los aliados de EE. UU.) indican lo contrario. China mantiene más de una docena de acuerdos bilaterales y multilaterales en todo el mundo, varios de los cuales se han celebrado en los últimos cinco años. En 2020, quince países, entre ellos China, firmaron el mayor acuerdo comercial multilateral hasta la fecha, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), que representa casi un tercio de la población y del PIB mundiales. El acuerdo reduce o elimina los aranceles sobre bienes y servicios y establece normas en materia de inversión, competencia, propiedad intelectual y derechos de autor digitales. Por el contrario, el Marco Económico Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF), liderado por EE. UU., no ofrece a sus socios ninguno de estos beneficios.

Al hacer hincapié en la aplicación de las normas y en la «reducción de riesgos» sin una política comercial igualmente sólida, el Gobierno de EE. UU. corre el riesgo de forzar demasiado las cadenas de suministro sin protegerse adecuadamente contra consecuencias no deseadas ni facilitar una «zona de aterrizaje» segura para las cadenas de suministro reorientadas. Por ejemplo, las normas de control de exportaciones sobre chips avanzados publicadas por el Departamento de Comercio de EE. UU. el 7 de octubre sorprendieron claramente a los aliados, y el tiempo que necesitaron Japón y los Países Bajos para determinar cómo y si debían alinearse con dichos controles (casi un año) abrió inadvertidamente una ventana de oportunidad para que los competidores de EE. UU. acumularan cuota de mercado. Además de colaborar con la industria para mitigar dichos impactos negativos, el Gobierno de EE. UU. debería prestar atención a las advertencias de los aliados de la región de Asia-Pacífico de no «reducir el riesgo» en exceso ni abandonar los acuerdos de libre comercio —un llamamiento que se ha hecho cada vez más público—.

Aunque la Administración Biden ha hecho mucho por reanudar su participación en la escena internacional, los países ya no están dispuestos a ceder ante las exigencias de EE. UU. sin obtener algo a cambio. Para que las economías de Asia-Pacífico puedan constituir verdaderamente alternativas significativas a China, con mercados igualmente atractivos y proveedores de confianza, es necesario incentivarles para que mejoren sus marcos normativos. Este es el aspecto en el que debe centrarse la Administración estadounidense si se toma en serio la competencia con China. Los responsables políticos estadounidenses no pueden permitirse cerrar la puerta a los acuerdos comerciales cuando los objetivos políticos de competir con China exigen un mayor acceso a los mercados de otros lugares. Estos objetivos son demasiado importantes como para confiar en que los «marcos» logren los mismos fines.

La firma de acuerdos comerciales internacionales con aliados afines también contribuirá a presionar a China para que modifique sus políticas y prácticas —otro de los objetivos declarados del Gobierno de EE. UU.—. A medida que la economía nacional china sigue atravesando una recuperación accidentada, el Gobierno chino debe reconocer que necesita competir, en parte haciendo que el entorno normativo y regulatorio sea más equitativo. El talento y las empresas chinas ya están «votando con los pies», trasladando personal cualificado, sedes centrales y centros de investigación y desarrollo fuera de China, lo que envía una señal clara al Gobierno chino de que necesitan un entorno más propicio para hacer negocios, y de que China ya no puede confiar únicamente en el mero tamaño de su mercado para atraer empresas e inversiones.

Las políticas que esta Administración ponga en marcha tendrán efectos duraderos, al igual que aquellas que descuide. La política comercial debe considerarse parte integrante de la seguridad nacional y económica. El Gobierno de EE. UU. ha llevado a cabo cambios políticos significativos para competir mejor con China y proteger la seguridad nacional, y ahora estamos viendo los resultados. Fomentar los controles a la exportación y otras medidas coercitivas obligará, por supuesto, a introducir cambios sistémicos y permitirá alcanzar, de paso, algunos de los objetivos del Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, sin una política comercial sólida que permita desarrollar un ecosistema de mercados alternativos, los resultados a largo plazo serán mucho más inciertos y podrían resultar desfavorables para la prosperidad económica y la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Autor

Naomi Wilson

Senior Vice President of Policy, Asia and Global Trade

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