La modernización del sistema de adquisiciones constituye un paso hacia la modernización tecnológica en todo el ámbito gubernamental

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Una serie dedicada a analizar las implicaciones de la iniciativa de reforma del Reglamento Federal de Adquisiciones de EE. UU.

Las adquisiciones federales de tecnologías comerciales son objeto de críticas frecuentes por ser más lentas, más complicadas y más costosas que las adquisiciones similares en el sector privado. La reciente reforma revolucionaria del Reglamento Federal de Adquisiciones (FAR) (RFO) pretende hacer frente a estas críticas de larga data mediante la reducción y la simplificación de la normativa aplicable a las adquisiciones federales en su conjunto.

La página web de la RFO afirma que su «objetivo es claro: adquisiciones más rápidas, mayor competencia y mejores resultados». Si bien el Gobierno y el sector empresarial han acogido en gran medida con satisfacción la RFO como un impulso muy necesario para modernizar el proceso de contratación pública federal mediante la eliminación de normativas no obligatorias (por ejemplo, las no establecidas por ley), queda por ver si la reducción del tamaño y el alcance del FAR también animará y capacitará a los profesionales de la contratación federal para innovar e impulsar de manera significativa la modernización tecnológica en todo el Gobierno.

La RFO no aborda todos los posibles escollos en los procesos gubernamentales de adquisición, evaluación y despliegue de tecnologías innovadoras. La actualización de los requisitos de seguridad de la información y de la cadena de suministro para los contratistas en la Parte 40 del FAR, por ejemplo, no implica automáticamente que todas las agencias vayan a utilizar tecnologías empresariales modernas y seguras con las salvaguardias y los controles adecuados necesarios para proteger los datos de los ciudadanos en todos los sistemas gubernamentales. Las agencias pueden utilizar el RFO como punto de partida para la modernización, pero aún queda mucho trabajo por hacer para que las prácticas e inversiones del Gobierno en materia de ciberseguridad y seguridad de la cadena de suministro alcancen el nivel que les corresponde según los estándares del sector.

Además, la actualización de los requisitos normativos de la Parte 39 del FAR relativos a la adquisición de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no implica automáticamente que los profesionales de la contratación pública vayan a comprender y aprovechar adecuadamente los términos y condiciones comerciales que pueden optimizar el uso que hace la Administración de soluciones comerciales innovadoras. La línea de trabajo normativa de la RFO se ha complementado con importantes esfuerzos para formar y capacitar a la fuerza laboral de adquisiciones del Gobierno mediante la provisión de recursos y apoyo adicionales; sin embargo, se requiere más para transformar verdaderamente la cultura de la contratación pública —generalmente reacia al riesgo— en una que dé prioridad a la innovación.

En última instancia, el proceso de la RFO podría beneficiarse de unos objetivos y unos indicadores bien definidos para evaluar los avances de los organismos en la consecución de estos objetivos generales. Entre ellos podrían figurar, entre otros:

  • Partiendo de la iniciativa de la RFO, se exigirá a los organismos que actualicen sus anexos sobre contratación pública mediante la implantación de un proceso transparente que dé prioridad a la participación y a las aportaciones del público.
  • Revisar las principales leyes, normativas y programas federales, como la FISMA y el FedRAMP, con el fin de permitir que los responsables de TI y ciberseguridad de los organismos mejoren su nivel de seguridad, prestando mayor atención a los requisitos de acreditación armonizados, al intercambio de información entre organismos y a la aplicación de las mejores prácticas.
  • Exigir a los organismos que rindan cuentas sobre el cumplimiento de unos objetivos anuales específicos para retirar los sistemas obsoletos y migrar los datos de la Administración a soluciones comerciales modernas de nivel empresarial.
  • Exigir a los organismos que prevean en sus presupuestos inversiones adecuadas a largo plazo en tecnologías automatizadas y seguras que mejoren el intercambio de información en el ámbito gubernamental.
  • Garantizar que los organismos colaboren con el sector tecnológico privado para desarrollar y actualizar periódicamente programas de formación que capaciten a la fuerza laboral con conocimientos tecnológicos y empresariales, con el fin de obtener el máximo rendimiento para la Administración.

Estas son solo algunas de las áreas en las que el Gobierno podría beneficiarse de unos requisitos más estrictos y específicos para los organismos a la hora de modernizar sus sistemas informáticos. Además de unos procesos de contratación modernos que promuevan el máximo rendimiento del dinero de los contribuyentes, los estadounidenses merecen un Gobierno que dé prioridad a la innovación continua para mejorar la calidad y la seguridad de los servicios digitales. Esperamos con interés continuar colaborando con la Oficina de Política de Contratación Federal (OFPP) y el Consejo del FAR, que lideran este esfuerzo monumental para modernizar el Gobierno en su conjunto a través de la reforma de la contratación pública federal.

Autor

Megan Petersen

Senior Vice President of Policy, Public Sector and Counsel

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