Tecnología accesible: un llamamiento para ir más allá del «mínimo» en los contratos federales
En los primeros meses de la Administración Biden, el ámbito de la contratación pública federal ha sido objeto de una gran atención. Si bien es bien sabido que el Gobierno recurre a contratos con el sector privado para adquirir productos y servicios innovadores, los contratos federales se están utilizando ahora como catalizador para impulsar importantes cambios políticos en ámbitos como la igualdad racial, el cambio climático y, más recientemente, la ciberseguridad.
Es lógico que la Administración esté aprovechando los requisitos de los contratos federales como primer paso para alcanzar importantes resultados en materia de políticas a nivel de todo el Gobierno. Las empresas del sector privado suelen adaptarse a los nuevos requisitos, políticas y prácticas con una agilidad de la que carecen las agencias federales burocráticas. Además, en muchos casos, el sector privado ya está invirtiendo de forma voluntaria en tecnologías y reformas que promueven mejores resultados dentro de las propias empresas.
La tecnología accesible es un ejemplo importante. Muchos empleados con discapacidad dependen de soluciones de accesibilidad basadas en Internet, en hardware y en software que les ayudan a desenvolverse mejor en sus lugares de trabajo. Aunque existen normas legales mínimas, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional, relativas a las tecnologías de accesibilidad, determinar si un producto satisfará plenamente las necesidades de los empleados puede resultar complicado. El ITI, a través de sus miembros, creó la Plantilla Voluntaria de Accesibilidad de Productos (VPAT) para abordar este problema, ayudando a los contratistas públicos y a otros usuarios a evaluar soluciones tecnológicas destinadas a personas con discapacidad. La VPAT facilita la presentación de informes sobre la conformidad con múltiples normas internacionales, y el ITI ha publicado recientemente una serie de módulos de formación dirigidos tanto a compradores como a vendedores que utilizan la VPAT. El ITI ofrece al público de forma gratuita las herramientas de la VPAT y los módulos de formación en su página web.
Si bien algunos compradores públicos ya tienen en cuenta el VPAT a la hora de decidir la adjudicación de contratos, se puede hacer más para dar prioridad a la accesibilidad en la propia estrategia de contratación. Por ejemplo, el Gobierno federal dispone de un amplio margen de discrecionalidad a la hora de definir los criterios de selección para la adjudicación de contratos, lo que incluye decidir qué peso otorgar al precio frente a factores no relacionados con el precio (por ejemplo, la capacidad técnica, el historial de rendimiento, la seguridad y la accesibilidad) al evaluar las propuestas de los proveedores competidores. Los compradores públicos no están obligados a adquirir la solución de menor precio, sino que pueden y deben utilizar herramientas como el VPAT para evaluar las diferencias significativas entre los productos que compiten entre sí y, siempre que sea posible, adjudicar los contratos a los proveedores que ofrezcan soluciones que superen los requisitos mínimos de accesibilidad.
Dado que la Administración se ha comprometido a modernizar los sistemas informáticos del Gobierno y a aprovechar la experiencia del sector privado para impulsar esa iniciativa, entre otros objetivos políticos, ITI es un socio comprometido a garantizar que sus soluciones satisfagan las necesidades tecnológicas de toda la fuerza laboral pública y de la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad.