Es fundamental que Estados Unidos realice una inversión sólida en la modernización de las tecnologías de la información para facilitar y mejorar la resiliencia ante las pandemias

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La propagación mundial de la COVID-19 ha sumido a Estados Unidos en una de las peores crisis de salud pública de las últimas generaciones. Desde entonces, se han paralizado sectores enteros de la vida pública, se ha alterado la vida de millones de personas y nuestra forma de trabajar y de hacer negocios se ha trasladado a un entorno digital y en línea a un ritmo más rápido de lo que nadie creía posible.

Los gobiernos locales, autonómicos y federales, que dan empleo a millones de trabajadores cualificados y prestan servicios y operaciones esenciales, también se han visto obligados a hacer frente a este cambio sin precedentes en muy poco tiempo. Al haber tenido que adaptarse rápidamente y aumentar su capacidad para responder a la crisis, las consecuencias de los retos que el sector público arrastraba desde mucho antes de que comenzara la pandemia —entre ellos, una infraestructura informática obsoleta, procesos manuales y basados en papel ineficientes, y amenazas a la ciberseguridad— han quedado aún más al descubierto.

Los informes sobre la continua dependencia de los gobiernos de programas y sistemas con décadas de antigüedad, los intentos de adaptar los sistemas basados en papel al teletrabajo y el recurso de las administraciones a los faxes y otras tecnologías obsoletas están complicando la ya de por sí compleja labor de respuesta. Se trata de una consecuencia lamentable del fracaso, prolongado durante décadas, de los gobiernos a todos los niveles a la hora de invertir en la infraestructura tecnológica, las herramientas y la fuerza laboral necesarios para prestar servicios modernos y seguros a los ciudadanos. Las ineficiencias resultantes, la limitada capacidad de adaptación y la resiliencia comparativamente escasa han tenido un efecto profundo y limitante en la capacidad de la Administración para prestar servicios al público en un momento en el que más se necesitan. Para complicar aún más la situación, la rápida transición al teletrabajo —necesaria para mantener el funcionamiento de las administraciones públicas— está permitiendo que actores malintencionados se aprovechen tanto de las vulnerabilidades existentes, pero no totalmente mitigadas, como de las nuevas creadas por las modalidades de trabajo alternativas.

Es fundamental que se realice una inversión nacional sólida en herramientas que faciliten y mejoren la ejecución resiliente de las misiones, con el fin de garantizar que los gobiernos y sus empleados, a todos los niveles en todo el territorio de los Estados Unidos, puedan rendir al nivel que necesitamos en estos momentos y funcionar de manera más eficiente y eficaz una vez que esta emergencia remita. Las futuras medidas federales de ayuda y recuperación frente a la COVID-19 deben proporcionar apoyo y financiación a los gobiernos federal, estatales y locales en ámbitos que incluyen:

  • Infraestructura informática destinada a facilitar, proteger y garantizar la continuidad del teletrabajo y de las operaciones;
  • La modernización de la tecnología y los procesos empresariales, con el fin de transformar y modernizar los procesos que requieren mucha mano de obra, al tiempo que se aumenta la resiliencia operativa y la escalabilidad;
  • Adopción de herramientas seguras de computación en la nube;
  • Una mayor oferta de servicios digitales para los ciudadanos; y
  • Políticas y procesos necesarios para garantizar un trabajo desde casa y unas operaciones distribuidas sin contratiempos.

Al mismo tiempo, el Congreso de los Estados Unidos y el Gobierno federal deben garantizar inversiones adecuadas en ciberseguridad que amplíen y mejoren la conectividad y el acceso remotos seguros, aprovechen las capacidades seguras de la nube, aceleren la modernización de los protocolos críticos de ciberseguridad y mejoren la formación y la preparación de los directivos y profesionales de TI que prestan servicio en el seno del Gobierno y colaboran con él.

Afortunadamente, el Congreso está capacitado para destinar recursos de forma rápida y eficaz allí donde más se necesitan. El Fondo de Modernización Tecnológica de EE. UU. ha demostrado ser muy prometedor a la hora de contribuir a la modernización de las tecnologías de la información, a una prestación de servicios más rápida y de mayor calidad, a la seguridad de los sistemas y los datos, y a la eficiencia del gasto en tecnología. Además, las asignaciones presupuestarias específicas destinadas a la infraestructura tecnológica de cada organismo, junto con un renovado énfasis en la innovación en TI, la seguridad y la inversión de cara al futuro, contribuirán a dotar más rápidamente al Gobierno federal de los medios necesarios para hacer frente a los retos actuales y futuros. Por otra parte, una mayor colaboración y apoyo entre el Gobierno federal y los estados puede ayudar a las administraciones de todos los niveles a satisfacer sus necesidades de TI, tanto en situaciones de emergencia como de cara al futuro.

Como líderes en el ámbito tecnológico que representan a algunas de las empresas más innovadoras del mundo —muchas de las cuales son, desde hace tiempo, socios de confianza de todos los niveles del Gobierno estadounidense—, ITI sigue instando a los dirigentes de EE. UU. a que se comprometan a realizar hoy inversiones acertadas en resiliencia y flexibilidad que, además, reporten una mayor eficiencia y mejores prestaciones en los servicios públicos en el futuro.

Autor

Jon Pawlow

Vice President, Government Affairs

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