El ITI advierte sobre la extralimitación regulatoria y la ambigüedad de la Ley de Redes Digitales

Comunicado de prensa

BRUSELAS – La asociación mundial del sector tecnológico ITI (Consejo de la Industria de las Tecnologías de la Información) ha expresado hoy su preocupación por la propuesta de Ley de Redes Digitales (DNA) de la Comisión Europea, advirtiendo de que las medidas destinadas a fomentar la cooperación y la armonización corren el riesgo de generar cargas no deseadas para el ecosistema de infraestructuras digitales de Europa.

«Esta propuesta se ve lastrada por un elevado volumen de legislación secundaria, directrices y recomendaciones, lo que conlleva el riesgo de desviarse de su intención original y de generar más trámites burocráticos, en lugar de ofrecer un marco normativo más sencillo y predecible para la conectividad», afirmó Gabriele Favarò, responsable de políticas de ITI. «Al dejar los elementos clave para futuros actos de ejecución y orientaciones, la propuesta introduce incertidumbre jurídica y vías normativas que podrían traducirse en tarifas de red».

Si bien el DNA presenta la cooperación entre ecosistemas como algo voluntario, varios elementos de la propuesta, considerados en su conjunto, suscitan inquietudes. Una definición más amplia del término «interconexión», combinada con la ampliación del régimen de autorización general a un abanico más amplio de agentes, las directrices emitidas por el BEREC y las competencias vinculantes en materia de resolución de litigios otorgadas a los reguladores nacionales, entraña el riesgo de que la intervención reguladora se extienda a acuerdos comerciales que, tradicionalmente, han estado regidos por el mercado.

En particular, la concepción más amplia que ofrece la propuesta sobre la interconexión y la posible inclusión de las redes de distribución de contenidos (CDN) y otras infraestructuras digitales en el régimen de autorización general corren el riesgo de difuminar la línea divisoria entre las redes de telecomunicaciones y los servicios digitales. Esto podría exponer a los agentes ajenos al sector de las telecomunicaciones a una intervención reguladora en asuntos comerciales y, en la práctica, dar lugar a tarifas de red de facto. Aun contando con las salvaguardias establecidas, el uso de conceptos amplios y de futuros instrumentos normativos genera incertidumbre en torno a dónde termina la cooperación voluntaria y dónde comienzan las obligaciones reglamentarias.

Por último, si bien la introducción de un «pasaporte único de la UE» tiene por objeto facilitar las operaciones transfronterizas, la Directiva sobre la red digital (DNA) no llega a adoptar plenamente el principio del «país de origen» para los servicios de comunicaciones electrónicas. Las cargas normativas adicionales que pesan sobre la infraestructura digital, unidas a la persistente fragmentación nacional y a los requisitos de cumplimiento en múltiples niveles, hacen que Europa siga estando lejos de un mercado único digital verdaderamente integrado.

Noticias y análisis relacionados

Búsqueda basada en inteligencia artificial

Recomendado

Seleccione el idioma y la región

ITI muestra contenidos en función de la región que haya seleccionado. Seleccione «Global» para desactivar esta opción.