El (accidentado) camino hacia la Ley de Redes Digitales de la UE
Han transcurrido ya más de dos años desde que la Comisión Europea iniciara el debate sobre las tarifas de uso de la red, una discusión que, desde entonces, se ha convertido en uno de los expedientes más seguidos en el ámbito de la política tecnológica. Desde entonces, hemos sido testigos de una consulta pública, un libro blanco, innumerables conferencias, cartas y documentos de posición, así como largos periodos de incertidumbre. En ocasiones, el impulso se ha ralentizado hasta casi detenerse, para luego reactivarse gracias a una renovada atención política o a acontecimientos que han acaparado los titulares, como el Mobile World Congress de Barcelona.
Ahora, se prevé que la tan esperada Ley de Redes Digitales (DNA) se apruebe en diciembre. Aunque no formará parte del paquete más amplio de medidas digitales «Omnibus», es probable que llegue a nuestras mesas más o menos al mismo tiempo, y justo en medio de un esfuerzo sin precedentes por parte de la Comisión para simplificar la normativa de la UE en todos los ámbitos.
El programa de simplificación de la Comisión debe ser algo más que una estrategia de imagen política. Tal y como ha subrayado el ITI en su EU Tech Rulebook, la simplificación de la UE debe convertirse en un esfuerzo genuino y horizontal que abarque todos los niveles de la administración para reducir la fragmentación, aclarar las normas y aliviar la carga normativa que recae sobre las empresas que operan a nivel transfronterizo.
En este contexto, la DNA tiene el potencial de constituir un ejemplo positivo de simplificación normativa en la práctica, especialmente en lo que se refiere a la eliminación de duplicidades entre los Estados miembros. Sin embargo, el discurso sobre la simplificación se inscribe en una dinámica más compleja y controvertida que parece no haber desaparecido nunca del todo.
La sombra de las tarifas de uso de la red
Si bien la Comisión persigue, con razón, la simplificación, los debates en curso en torno a la interconexión de las redes de acceso de datos (IP) corren el riesgo de desviar la agenda en la dirección opuesta. En los últimos meses, las referencias a un «mecanismo de coordinación» o a marcos de resolución de litigios han suscitado la preocupación de que la idea de introducir el arbitraje obligatorio, o algún tipo de tarifa indirecta por el uso de la red, pueda resurgir en el marco de la DNA. Dependiendo de cómo se definan dichos mecanismos, podrían suponer una intervención reguladora en un ámbito que, según todos los indicadores objetivos, funciona correctamente. De hecho, el mercado de la interconexión lleva décadas funcionando de manera eficiente gracias a acuerdos comerciales y a la cooperación voluntaria entre las partes interesadas. Numerosos estudios, incluidas las propias evaluaciones del BEREC, han concluido de forma sistemática que no existe ningún fallo sistémico del mercado. La introducción de mecanismos reguladores en este ámbito no solo correría el riesgo de distorsionar esa dinámica, sino que también podría socavar el propio objetivo de simplificación de la Comisión.
ITI, junto con muchas otras entidades, ha advertido sistemáticamente contra la introducción de mecanismos que pudieran alterar esta dinámica. Establecer acuerdos financieros obligatorios entre los proveedores de contenidos, las redes de distribución de contenidos (CDN) o los proveedores de servicios en la nube y los operadores de telecomunicaciones no solo supondría el riesgo de afianzar la posición de los operadores tradicionales, sino que también aumentaría los costes a lo largo de toda la cadena de valor digital. En última instancia, serían los consumidores, las pymes y las instituciones públicas quienes acabarían soportando esa carga.
Recomendaciones del ITI a la Comisión Europea
El ITI respondió a la convocatoria de la Comisión para recabar información con vistas a la evaluación de impacto de la DNA. Ahora que se ha cerrado esta última gran convocatoria para recabar opiniones de las partes interesadas, la atención se centra en el próximo paso de la Comisión. En nuestra aportación, nos centramos en tres ámbitos clave:
- No hay que arreglar lo que no está roto. Hemos instado a la Comisión a que evite introducir mecanismos de arbitraje u obligaciones de cooperación indirecta que puedan dar pie a tasas de red de facto, ya que no hay pruebas de un fallo sistémico en el ámbito de la interconexión. Por el contrario, los participantes en el mercado, incluidos los CAP, los CDN y los ISP, cooperan habitualmente para prestar servicios resilientes y de alta calidad. Intervenir en este ámbito supondría el riesgo de distorsionar un sistema que funciona correctamente, lo que afectaría a los consumidores e introduciría desequilibrios de poder en todo el mercado.
- Evitar la extralimitación normativa. Hemos hecho hincapié en la importancia de limitar el ámbito de aplicación de la DNA a los servicios que realmente entran dentro de la regulación de las telecomunicaciones. Las CDN, los CAP y los proveedores de servicios en la nube no son redes de telecomunicaciones ni proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. No controlan la infraestructura de la última milla ni gestionan el acceso de los usuarios finales. Someterlos a obligaciones propias del sector de las telecomunicaciones crearía un solapamiento normativo con los marcos horizontales existentes, como la DSA, la DMA, la Ley de Datos y la Ley de IA, lo que, en última instancia, disuadiría la inversión y la innovación.
- Potenciar la coherencia en todos los ámbitos: hemos abogado por un marco normativo que reduzca la fragmentación y fomente la prestación transfronteriza de servicios. Entre las recomendaciones clave figuran el fomento del principio del país de origen, la mejora de la coherencia en los regímenes de autorización y notificación en todos los Estados miembros, y la adopción de un enfoque basado en el riesgo y proporcionado para los servicios B2B. Asimismo, hemos destacado la necesidad de preservar la neutralidad tecnológica, incluido el apoyo a las infraestructuras basadas en la inteligencia artificial.
¿Y ahora qué?
El DNA no es simplemente otra propuesta legislativa más. Constituye una oportunidad para consolidar una visión política más amplia de un Mercado Único Digital más integrado, más flexible y más propicio para la innovación. Aunque el texto completo aún se encuentra en fase de elaboración, nos mostramos cautelosamente optimistas. El renovado énfasis de la Comisión en la simplificación coincide con muchos de los objetivos que llevamos tiempo defendiendo. Sin embargo, la verdadera prueba estará en los detalles. ¿Reducirá realmente la DNA la fragmentación? ¿Se resistirá a las peticiones de una intervención drástica en el mercado de la interconexión de proveedores de servicios de Internet? ¿Potenciará un ecosistema más amplio de actores digitales, y no solo a un puñado de operadores tradicionales?
Pronto lo sabremos e instamos a la Comisión a que tenga en cuenta las opiniones del sector. Mientras tanto, ITI seguirá abogando por unas políticas inteligentes, proporcionadas y con visión de futuro, así como por una Ley de Redes Digitales que sirva de base para el futuro conectado y digital de Europa, y no como una reliquia de su pasado marcado por una regulación excesiva.
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